La despoblación se tendrá en cuenta para elegir las ubicaciones de las nuevas sedes del Estado

La despoblación será uno de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de elegir las ubicaciones de las nuevas sedes del Estado, junto a otros como el nivel de desempleo, el mercado de la vivienda, la cohesión social y territorial y la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos.

El Gobierno ha incluido estos criterios en el Real Decreto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que establece el procedimiento para determinar las sedes de las entidades del sector público estatal dentro del proceso de descentralización comprometido por el Gobierno.

Como ha informado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se crea, asimismo, la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, como órgano colegiado de la Administración General del Estado de asistencia al Consejo de Ministros en estos procedimientos.

Ha puntualizado, además, que se tendrá en cuenta también a los empleados públicos al incorporar la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado, sin perjuicio en su carrera profesional.

Así será el procedimiento

Una vez creada una nueva entidad pública, la Comisión consultiva elaborará un informe que se publicará en el BOE con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de su sede en el plazo de un mes.

La Comisión mandará un informe en dos meses al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo

En los siguientes 30 días, las comunidades autónomas y los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la entidad correspondiente.

Adicionalmente, las administraciones que presentan candidaturas podrán ofrecer cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y/o medidas de apoyo al personal trasladado.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas. Este informe se remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo y lo publicará en el BOE en un plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.

La Comisión consultiva no incrementará el gasto público, puesto que trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los departamentos que la integran.

La presidencia de la Comisión recaerá en la ministra de Política Territorial y de ella formarán parte representantes de los ministerios de Asuntos Económicos; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Asuntos Exteriores; y Hacienda; Presidencia; y Derechos Sociales, así como de los departamentos titulares de la sede convocada.