Las "guerras del agua" llegan a Sierra Nevada

Ecologistas y sindicatos acusan a Cetursa, la empresa gestora de la Estación de Esquí de Sierra Nevada dependiente de la Junta de Andalucía, de estar utilizando más agua para fabricar nieve artificial de la permitida, perjudicando a la conservación del Parque Nacional al que pertenece.

Un informe del sindicato CCOO, de hecho, va más allá y acusa al gobierno de PP y Cs en la Junta de estar promoviendo un "pelotazo urbanístico" con el Plan Estratégico de Sierra Nevada 2020-2030, que prevé inversiones de hasta 354 millone de euros y la urbanización de zonas protegidas.

La sequía que sufre el sur de España estaría agravando la situación en la clásica pescadilla que se muerde la cola: al haber menos precipitaciones, nieva menos, lo que hace que se capte más agua del río Monachil para crear nieve artificial, lo que reduce aún más su caudal. Ecologistas en Acción acusa a Cetursa de estar superando los 350.000 m3 al año que le permite usar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para producir nieve artificial, cuya prueba sería en que se encuentran innivados actualmente más de los 27 kilómetros permitidos según los datos oficiales de la propia empresa pública.

CCOO acusa al Ejecutivo andaluz de PP y Cs de promover un "pelotazo urbanístico" con el Plan Estratégico de Sierra Nevada

En un comunicado, Cetursa alega que "de no ser por el sistema de nieve producida, la estación de esquí y montaña estaría cerrada esta temporada o con una actividad muy reducida, lo que implicaría la pérdida de unos 3.000 empleos; los de la propia estación, hoteles, restaurantes, escuelas, tiendas y proveedores que no hubieran podido tener actividad".

Los responsables de la empresa pública añaden que Sierra Nevada sería la estación con más de 100 kilómetros esquiables con menor concesión de agua y menos superficie permitida para innivar (cubrir con nieve artificial). Las otras dos serían Baqueira Beret, con un millón de m3 cúbicos de agua y 41 km permitidos más de 546 cañones de nieve, y Formigal-Panticosa, con 450.000 m3, 47 km y 565 cañones. Ambas se sitúan en los Pirineos, con menores temperaturas y mas precipitaciones que la estación andaluza, que tiene 35 km disponibles para innivar y 350 cañones.

De hecho Cetursa presume de tener actualmente la mayor superficie esquiable de la estación durante un periodo de sequía en los últimos 30 años. En las sequías de los 90, que afectaron a las temporadas 1994/95 y 1998/99 de la estación, como mucho se abrieron 14 y 34 km respectivamente. En esta, aunque también se debe tener en cuenta en Sierra Nevada las precipitaciones han sido casi el doble que las de entonces, se han alcanzado los 40,3 km, algo que los responsable de la estación atribuyen "al avance tecnológico en los sistemas de innovación".

Precisamente el dato de los 35 kilómetros de nieve artificial de 40,3 en total abiertos al esquí es el que señala Ecologistas en Acción: si la propia Cetursa admite que ha cubierto dicha superficie con nieve producida, se está saltando el mandato de la CHG, que establece 27, y admitiendo que está captando más agua del río Monachil de la que tiene asignada a pesar de la sequía. Los ambientalistas piden a la confederación que la entidad pública "se vea sometida a los castigos por infracciones que recibiría cualquier otro usuario".

La administración alega que el proceso de crear nieve artificial no suponen una pérdida de agua puesto que esta regresa al cauce del río por el deshielo, pero los ecologistas alegan que las mediciones por expertos de la Universidad de Granada demuestran que se pierde entre el 24 y el 33% de la nieve almacenada en superficie. Esto supondría que, simplemente cumpliendo lo establecido, si ahora use tilizan 350.000 m³ anuales de agua para producir nieve, al menos 90.000 m³ se pierden. Una cantidad que supone para los agricultores del Parque Natural la cantidad equivalente al regadío de 20 hectáreas de cultivo en plena sequía.

La disputa de fondo se encuentra en la solicitud de la propia Cetursa para ampliar la cantidad de agua permitida para los cañones de nieves, dentro del mencionado Plan Estratégico 2020-2030 cuyo objetivo es ampliar tanto la zona esquiable como la urbanizable en Pradollano. De los 354 millones de euros previstos en dicho plan, 260 están previstos para desarrollos hoteleros, en un ambicioso plan que prevé ampliar la zona esquiable. Algo que tanto los ecologistas como los sindicatos de la propia Cetursa ven poco viable en un contexto de reducción de precipitaciones y aumento de las temperaturas.

Cetursa, la empresa pública gestora de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, es participada en un 95% por la Junta de Andalucía y luego en pequeños porcentajes por el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, Ayuntamiento de Monachil (en cuyo término municipal se encuentra la urbanización de Pradollano, que acoge la estación) y la Fundación Caja Granada. Su actual consejero delegado, nombrado en marzo de 2019, es Jesús Ibáñez Peña, que llegó al cargo pocos meses después de la llegada a la consejería de Hacienda, Industria y Energía (ahora renombrada de Hacienda y Financiación Europea) de Juan Bravo (PP) tras la renunciar del anterior por problemas de salud. Formalmente el presidente del Consejo de Administración de Cetursa es Roberto Ochoa, como viceconsejero del ramo.

CCOO, que acusa a la Junta de Andalucía de falta de transparencia respecto al plan, advierte que los objetivos pasan por permitir crear plazas hoteleras en las zonas Los Peñones y Montebajo, ampliar la zona urbanizable, construir un nuevo aparcamiento y conectar las urbanizaciones con un funicular subterráneo. Las nuevas zonas esquiables, señalan, ocuparían un espacio "donde la nieve ya es escasa por su orientación y altitud", lo que exigiría "aumentar el gasto actual de 5 millones de litros de agua al día para producir nieve".

El sindicato considera que la Junta de Andalucía "pone en peligro miles de puestos de trabajo y una Reserva de la Biosfera para hacer dinero rápido" y ha pedido a la CHG y al Espacio Natural de Sierra Nevada que investigue la gestión del agua, al considerar que "esa producción de nieve podría ocasionar un problema medioambiental grave que afecte también a la biodiversidad de Sierra Nevada y su entorno" en aras de un "pelotazo urbanístico".